Mag. Susana Alicia Bartolotta, Buenos Aires, Argentina. Comunidad de Educadores de la Red Iberoamericana de Docentes.

El río de La Plata, en Argentina, ocupa el tercer lugar del top ten de los ríos más contaminados del mundo, luego del río Salween en el sureste asiático y el Danubio en Europa. El tratamiento inapropiado de la descarga de efluentes de aguas residuales domésticas e industriales es la principal fuente de contaminación y es considerada la peor mancha ambiental de Argentina. Es imperativo cumplir con las leyes y las inversiones que permitan lograr una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y la protección de la salud humana y la diversidad biológica.

Los casos más reconocidos de contaminación del agua en Argentina, que vuelcan total o parcialmente sus caudales en el río de La Plata, se encuentran cerca de grandes áreas urbanas, como Matanza Riachuelo y Reconquista.  

El Río de la Plata es un estuario que resulta de la confluencia de dos cuencas muy importantes, las cuencas del Río Uruguay y del Rio Paraná, ambas de enorme extensión que en conjunto forman la segunda cuenca más importante de América del Sur, después de la cuenca del Río Amazonas.

La urbanización extendida torna más sensible al Río de la Plata debido a las
necesidades que deben satisfacerse en constante aumento. La agricultura, la
ganadería y la actividad industrial generan la fragmentación de los hábitats, la endogamia de las especies y la aparición de enfermedades. Junto al cambio climático global, representan la mayor amenaza para la flora y la fauna.

Sin embargo a pesar de que la Corte Suprema de Argentina solicitó un plan oficial para limpiar el cauce del río de La Plata, muy poco se ha hecho.

Según un estudio reciente, la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento determinó que el porcentaje del agua residual total tratada se elevó solamente al 36 %. Los principales contaminantes encontrados en las aguas superficiales son bacterias y otros microorganismos, materia orgánica, metales pesados, macro nutrientes, sustancias tóxicas de origen agropecuario, industrial y productos farmaceúticos, considerados contaminantes emergentes que suelen no detectarse ni depurarse por los métodos convencionales.

Así también, en los cuerpos de agua subterránea, los problemas de calidad se asocian con la presencia de contaminantes de origen natural, como el arsénico y flúor, y contaminantes antropogénicos como nitratos, contaminantes fecales, pesticidas y diversos contaminantes de origen industrial. La contaminación por arsénico natural en los acuíferos es un tema de salud pública ya que reviste mucha gravedad. En varias provincias se han detectado niveles de arsénico que superan significativamente los límites recomendados por la OMS en las fuentes de suministro de agua potable en las regiones norte y centro de Argentina.

Existen numerosas dificultades para acceder al agua potable en las regiones rurales y los asentamientos urbanos informales generalmente dependen de pozos para acceder a fuentes de agua subterráneas con los riesgos inminentes asociados para la salud debido a la presencia de arsénico que afecta a más de 4 millones de habitantes.

La combinación de estos factores da como resultado un mayor riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua proveniente de fuentes de agua contaminadas, especialmente por la descarga de efluentes de aguas residuales domésticas no tratadas en ríos y lagos y la infiltración de excrementos a redes sanitarias mantenidas inadecuadamente.

Si bien existen leyes de gestión de residuos domiciliarios, un régimen de gestión ambiental de aguas, gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, desde hace décadas numerosos proyectos de limpieza de los ríos contaminados se llevan adelante de manera incompleta o nunca se concretan.

Las estrategias para implementar mejoras en la calidad del agua requieren de la concientización de la población, el incremento en el monitoreo bioquímico y de una mejor gestión y regulación de los recursos.

La gestión de los recursos hídricos para mejorar la calidad del agua demanda acciones en varios niveles que incluyen la mejora en las evaluaciones ambientales, en la comunicación y educación, en las medidas económicas y de financiación y en las mejoras en tecnología e infraestructura.

En junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial la Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina bajo el N°27.621. Tiene por objeto establecer el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional. 

La ley plantea un abordaje holístico, principios de equidad, respeto y valor de la biodiversidad, participación y formación ciudadana, el ejercicio ciudadano del derecho a un ambiente sano y gestionar los mecanismos que faciliten el cumplimiento sistemático de la Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y/o aquellos que en el futuro se acuerden.

Se establece que además es una responsabilidad compartida entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación, en articulación con el Consejo Federal de Medio Ambiente y el Consejo Federal de Educación.

La ley de Educación Ambiental es significativamente necesaria, pero debe comprender un público mucho más amplio, en especial a los que toman decisiones que generan consecuencias ambientales muy negativas, que comprometerán tanto a las generaciones presentes como futuras.

Las dificultades de naturaleza climática y social deben enfrentarse con políticas formativas activas y coherentes en materia ambiental. La República Argentina cuenta con dos leyes claves en este campo: la ley Educación Ambiental Integral (EAI), con el objetivo de establecer el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional, y la Ley Nº 27592, sancionada en el 2020, también conocida como “Ley Yolanda”, que establece la formación integral en medio ambiente para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. Estas leyes tienen una finalidad instructiva, tanto en los cargos públicos como en toda la ciudadanía por medio de la educación ambiental.

En la actualidad y luego de dos siglos de magros intentos, tenemos muchas leyes, grandes proyectos y pocos resultados. Es necesario promover una ciudadanía responsable, preocupada por el medio ambiente y una conducción política idónea, comprometida y operativa, que trascienda los diferentes gobiernos, con una acentuada sensibilidad al tesoro en reservas que significa la biodiversidad.