Jesús Rey Rocha, Instituto de Filosofía (IFS-CSIC); Emilio Muñoz Ruiz, Instituto de Filosofía (IFS-CSIC) y Víctor Ladero, Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA - CSIC)
Recientemente hemos introducido el concepto de pandemia ambiental, con el objetivo de precisar el término cambio climático.
Hemos destacado asimismo la importancia estratégica de la cooperación y el multilateralismo para enfrentarnos a sus consecuencias y a los dilemas o incluso trilemas que se generan en los debates sobre sus causas, consecuencias y posibles soluciones.
En los últimos meses se han reforzado las propuestas para reducir la emisión de dióxido de carbono (CO₂). Las economías más desarrolladas están apostando por la descarbonización de la producción de energía y el desarrollo de soluciones ecotecnológicas, basadas en tecnologías limpias y fuentes energéticas renovables.
Para ello se están planteando los denominados pactos verdes. Entre ellos el Pacto Verde Europeo de 2019 y el Green New Deal en Estados Unidos.
Este nuevo contrato social para regular la relación del ser humano con el planeta Tierra busca una transición hacia una economía más competitiva y a la vez más justa y próspera, con un aprovechamiento responsable de los recursos.
Sin embargo, es preocupante observar cómo estos pactos verdes puedan ser considerados como una mera oportunidad geopolítica y de negocio. Como consecuencia, prevalece la visión económica-especulativa sobre la posibilidad de desarrollar economía y ecología sociales.
Es cierto que las nuevas fuentes de energía renovables se distribuyen de forma relativamente igualitaria en nuestro planeta. Pero esto no significa que sean fácilmente accesibles y gratuitas. Ni que no se puedan controlar.
Para este control requieren de unas avanzadas tecnologías para su captación, almacenamiento y distribución. Estas dependen de la abundancia de ciertas materias primas: cobre, fundamental para la industria de placas solares, o litio, esencial para las baterías.
Así, los recursos naturales continúan siendo considerados como mercancías. Mercancías ecológicas en este caso.
La explotación de estas nuevas energías y el comercio y especulación con los residuos generados por las energías fósiles, fundamentalmente con los derechos de emisión de CO₂, han inaugurado, respectivamente, una nueva modalidad de colonialismo energético y colonialismo del carbono. Ambos caracterizados por la reducida capacidad de participación en la toma de decisiones de los países en vías de desarrollo o los denominados países del Sur Global.
Los procesos de colonización supusieron para pueblos de todo el mundo (colonias) la imposición de una pretendida modernidad por parte de civilizaciones supuestamente más avanzadas, mediante la dominación política, social y económica.
Carlos Álvarez Pereira califica el colonialismo como una tragedia reconocida por Occidente, que “aún mantiene el sentimiento de superioridad moral por su autopercepción de ser la civilización más ‘avanzada’”. Y señala que convive y contrasta con el todavía vivo “sentimiento de pérdida y humillación en africanos, asiáticos e indígenas de todo el mundo”.
El colonialismo se ha expresado a través de la explotación, soportada mediante la imposición de la fuerza, de los recursos naturales, la fuerza de trabajo y los bienes culturales de las colonias. Y con el establecimiento de actividades económicas altamente contaminantes que los países más desarrollados deslocalizan y trasladan a estas.
Estamos ante lo que podría calificarse como un salto innovador del colonialismo, hacia un colonialismo ambiental, caracterizado por:
La explotación de los recursos naturales renovables.
El vertido de residuos tóxicos de actividades productivas (residuos industriales) y del consumo (residuos tecnológicos, plásticos) en el aire, el agua y la tierra de los países colonizados.
La externalización o deslocalización de la huella de carbono de los países más desarrollados y ricos, mediante la deslocalización de la producción industrial.
El comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Estos nuevos modos de colonialismo pueden considerarse como neocolonialistas. El resultado es una dominación que se logra a través de mecanismos de apalancamiento político y económico.
Atiles-Osoria distingue entre las prácticas extractivas coloniales y el colonialismo ambiental. Se basa en el carácter ideológico y estratégico de este último. Y en que se legitima bajo la promesa de una retribución: “un sistema de gestión de los recursos naturales a cambio del cual las élites del país recibirán algún beneficio (p. ej. desarrollo, modernización, etc.)”. A diferencia del colonialismo histórico, que explota con violencia y sin compensación para el subordinado.
Parece inevitable que la crisis climática se vincule con la persistente realidad del colonialismo, que no desaparecerá con la descarbonización y el tránsito hacia las energías renovables, ni con los pactos, políticas y economías verdes.
Algunos autores se refieren ya a una batalla climática con previsibles consecuencias económicas y geopolíticas. Esta contienda está relacionada con las estrategias y procesos de lucha contra la emergencia climática y del control de las materias primas clave. Limita la capacidad de los países y de sus pueblos para beneficiarse de sus propios recursos. Y puede tener efectos perversos, como el incremento de la inflación y la consiguiente subida desmesurada de los precios de los alimentos y artículos de primera necesidad.
Existe el riesgo de que el colonialismo ambiental, a modo de una nueva pesadilla, desbarate los objetivos de afrontar la pandemia ambiental a través de un pacto verde verdaderamente global y solidario.
La conciencia ambiental debe ir paralela con la conciencia humanística, para que todos los pueblos del planeta se beneficien de este movimiento ecológico sin marginación ni explotación por otros.
En este sentido, los pactos verdes, además del compromiso tecnológico y ambiental, deben incluir un compromiso social, humanístico y solidario, basado en los valores éticos de responsabilidad, empatía y justicia social.
A nuestro modesto entender, la posibilidad de actuar radica en el multilateralismo, frente al populismo nacionalista y el neoimperialismo, Y dentro de él, a iniciativas que reflexionen y analicen los efectos de estas políticas bajo perspectivas multidisciplinares. Un ejemplo es el panel del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Esta u otras iniciativas equivalentes deben cimentarse en una gobernanza de las instituciones y de la ciudadanía, basándose en valores, en el cuidado del interés y el bienestar común, y en el uso del aprendizaje y de nuestra inteligencia colectiva de especie.
La respuesta al dilema entre colonizar o empoderar ambientalmente incide sobre otra de las pandemias contemporáneas: la desigualdad.
En el mundo globalizado, las economías más desarrolladas, al mitigar los efectos de la deslocalización de su huella medioambiental y contribuir a la sostenibilidad global, deben incorporar e implicar al resto de países. Especialmente a los menos desarrollados.
Asimismo, deben considerar su huella de carbono con una perspectiva global, estableciendo sus planes y objetivos valorando el efecto sobre el conjunto del planeta.
Tienen ante sí el reto de contribuir a una justicia social y geopolítica ambiental global, facilitando a los países en vías de desarrollo la transferencia de riqueza y de tecnología, con el fin de que puedan establecer y gestionar sus propias agendas y políticas de explotación de sus recursos naturales verdes y de mitigación de su huella medioambiental.
Una lucha que tiene, entre otras aspiraciones, el “utilitarista” objetivo de mantener el planeta Tierra, nuestro hogar, en condiciones que permitan a las generaciones venideras vivir en un mundo más solidario y justo social y ambientalmente.
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Jesús Rey Rocha, Investigador Científico en Ciencia, Tecnología y Sociedad, Instituto de Filosofía (IFS-CSIC); Emilio Muñoz Ruiz, Profesor de Investigación. Unidad de Investigación en Cultura Científica del CIEMAT, Instituto de Filosofía (IFS-CSIC) y Víctor Ladero, Científico Titular, Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA - CSIC)
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
