7 de febrero de 2021

Carlos Osorio M. y Silvana Espinosa, Universidad del Valle, Colombia

1. Introducción

El consumo de agua potable ha venido creciendo rápidamente. En los últimos 50 años, la extracción de agua de los ríos y lagos ha aumentado en cuatro veces, teniendo en cuenta que solo el 0.01% del agua existente en la tierra es posible de usar directamente para las actividades humanas, ya que el resto se encuentra en los océanos (97%), y en forma de nieve o de hielo (Giordan y Souchon, 1995).

Continúan no menos de 1000 millones de personas sin acceso al agua potable, aproximadamente un 20% de la población total de la tierra no disponen de agua, o aquella de la que disponen no es sana (ONU, 2000), si a ello se suma que la población mundial aumenta a una velocidad de 200.000 personas al día, el problema tiende a empeorar (UNESCO, 1992).

Los problemas de salud relacionados con el agua, afectan casi exclusivamente a la población pobre; o sea que la mitad de toda la población mundial está expuesta a estos riesgos, pues una de cada dos personas en el mundo es pobre y aproximadamente 1200 millones viven en la miseria, con ingresos inferiores a un dólar al día en promedio.

La salud de los pobres se ve afectada, en primera instancia, por la mala nutrición, y en segundo lugar, por condiciones deficientes de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene. Por otra parte, las comunidades manejan la idea de que es más importante garantizar la obtención del agua para el consumo, que el tratamiento de las aguas residuales. Se preocupan poco por lo que suceda con las aguas que ellos mismos contaminan. Sin embargo, se ha encontrado que el manejo de las aguas residuales tiene incluso mayores incidencias en la salud pública, que el abastecimiento de agua para el consumo.

La deficiencia en la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, produce anualmente no sólo millones de personas enfermas sino también, ingentes pérdidas económicas. Esto se debe a que la producción de los países disminuye sensiblemente por el elevado número de días hábiles que dejan de trabajar los empleados, al verse incapacitados por infecciones contraídas por los problemas relacionados con el agua potable.

A nivel de los usos del agua, los promedios mundiales son: el 73% para uso agrícola, 20% para la industria y 7% para el uso doméstico. Siendo el riego el uso más importante y tal vez el más deficiente porque se pierde hasta el 70% del agua en el transporte (Visscher 1996). Es bien clara la necesidad de tener una mayor eficiencia en el uso agrícola, pero también lo es en los sistemas de agua doméstico ya que se presentan costos innecesarios y significativos; por ejemplo, una persona gasta 220 litros si se baña con bañera y 30 si se ducha, un grifo que gotea en casa son 35.000 litros de agua al año, una cisterna 145.000 litros por año (Giordan y Souchon, 1995).

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Desde el punto de vista de la contaminación, el sector industrial es, en muchos casos, la fuente más importante de contaminación, pese a no ser el mayor consumidor de agua. Los desechos líquidos industriales, por ejemplo, asociados a los procesos de producción de textiles y papel, traen gran cantidad de contaminación orgánica. En general, la industria y la agricultura llevan gran cantidad de contaminantes químicos a las corrientes de agua. Cada vez está más claro que el agua dulce es un recurso finito, vulnerable a la contaminación.

Desde el punto de vista de la gestión, los problemas se relacionan con la ineficiencia, especialmente por las decisiones en materia de política tecnológica. En los procesos de desarrollo de los sistemas de abastecimiento de agua, se consideró durante mucho años que la tecnología era la solución principal a los problemas, y por consiguiente era necesario transferirla de manera masiva, de los países industrializados hacia los países en vía de desarrollo. Estas tecnologías implantadas, sin tener en cuenta las condiciones locales, fracasaron y tuvieron consecuencias funestas para la población y el ambiente. No funcionaron porque, al parecer, olvidaron que el fin último de la tecnología era que la gente la usara, que funcionara a través del tiempo y que el uso dado por las comunidades, estaba determinado por su contexto sociocultural, económico y ambiental (Valencia, 1996).

Frente a esta situación, desde la década de los 70, se ha venido trabajando en modelos de gestión del agua y saneamiento básico, teniendo en cuenta la participación de la comunidad. Por experiencias internacionales a través del BID, se ha podido comprobar que la participación de la comunidad en los proyectos de desarrollo da buenos resultados, cuando la población afectada se involucra en los proyectos y se les permite contribuir con sus conocimientos a la configuración de éstos, tornando el trabajo más eficaz y productivo. Al mismo tiempo, se aumenta la capacidad de los individuos para organizarse a fin de hallar soluciones a los problemas que los aquejan (Schwartz y Deruyttere, 1996).

Veamos un poco cómo se introducen los proyectos de participación comunitaria en el tema del agua y algunas experiencias significativas al respecto, sin dejar de revisar algunas lecciones previas de lo que significó la Década del Agua, en la perspectiva de extraer una serie de consideraciones frente al futuro, de cara al Segundo Foro Mundial del Agua, realizado en la Haya en Marzo de 2000. Con estos elementos, se espera tener una mayor información sobre el tema del agua, para apoyar el trabajo didáctico de la simulación de debates sobre este tema.

2. Lecciones de una Década del Agua

Durante la Década del Agua y Saneamiento, establecida por las Naciones Unidas, entre 1981 y 1990, 1250 millones de personas fueron provistas con sistemas de abastecimiento de agua y 750 millones con adecuado saneamiento. A pesar de este progreso sin precedentes, gran parte de la población de los países en desarrollo carece todavía de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento adecuados, y no hay que olvidar que estos dos factores tienen una gran influencia en la calidad de vida (UNCHS, 1996).

Los problemas relacionados con el agua, en esta parte del mundo, se agrupan en cuatro parámetros:

  • Cobertura: el servicio de agua potable no es accesible al mayor número de usuarios.
  • Cantidad: el recurso hídrico no es suficiente
  • Continuidad: el servicio de suministro de agua no se encuentra siempre disponible
  • Calidad: el agua no siempre es apta para el consumo humano.

A comienzos de la década del 90 en América Latina, el promedio de la cobertura con servicios de agua era del 90% en la zona urbana y 52% en la zona rural. Sin embargo, si se tiene en cuenta la calidad del agua que reciben estas comunidades, las cifras disminuyen, el 82% de la población de las zonas urbanas se abastece de agua potable, mientras que sólo el 36% en la zona rural recibe el líquido en esta condición. Además, existen poblaciones que reciben de manera intermitente el servicio de agua, es decir, que sólo cuentan con el líquido durante dos o tres días a la semana. Por esta razón, las políticas actuales en manejo del recurso hídrico se preocupan no sólo por aumentar la cobertura, sino también por llevar mejor continuidad, calidad e incrementar la sostenibilidad.

Estas cifras varían de acuerdo con los distintos países de América Latina. En Colombia, por ejemplo, en las comunidades menores de 12000 personas, el 50% de los sistemas tenían tratamiento parcial, mientras que el tratamiento completo de abastecimiento y potabilización lo recibían sólo el 4%. Países como el Perú, a comienzos de esa misma década, no contaba con un solo sistema en la zona rural que produjera agua dentro de las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (Lloyd y Helmer, 1991).

A lo largo de la década, se hizo evidente que los objetivos trazados habían sido demasiado exigentes y/o ambiciosos. En 1997 la División de Salud Ambiental de la Organización Panamericana de la Salud, produjo un documento que llevó por título: Evaluación a mitad de la década del agua potable y el saneamiento en Latino América y el Caribe. A continuación se presentan las conclusiones extraídas del mencionado trabajo:

  • Los programas de abastecimiento de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe no están procediendo a un ritmo que podría garantizar el logro de las metas fijadas para el año 2000 según lo propuesto en la "Cumbre Mundial en favor de la Infancia".
  • La información disponible indica una disminución en la cobertura regional, en principio debido a los datos proporcionados por el Brasil. Otros países también indican una falta de progreso en el sector.
  • La información financiera disponible señala que el nivel de la inversión en el sector no cumplió los planes propuestos de la inversión orientada a lograr aumento significativo o la cobertura total en estos servicios.
  • Los problemas sectoriales siguen siendo básicamente de organización, de tipo legal e institucional.

En términos generales, se considera que desde 1990, cuando terminó la Década del Agua y el Saneamiento, la cobertura de abastecimiento de agua no se ha incrementado en América Latina e incluso la cobertura de saneamiento ha disminuido un 6%, mientras que las pocas mejoras se han presentado en las zonas rurales, más que en las urbanas.

3. Tecnología en manos de la comunidad

Desde los años 70, la participación de la comunidad empezó a ser tema de discusión para solucionar los problemas que la tecnología no había podido resolver. A partir de la Conferencia de Hábitat en Vancouver, en 1976, y de la conferencia de Mar de Plata en Argentina, en 1977, la participación comunitaria se volvió una política. Las primeras iniciativas surgieron en América, el énfasis fue principalmente hacia la movilización de la comunidad para ayudar en la construcción de proyectos planeados e implementados por las autoridades nacionales o por las agencias de soporte externo. Este enfoque también fue importante durante la década del agua.

Sólo al final de los años 80, entraron procesos más fuertes orientados a involucrar a la comunidad en la toma de decisiones y la planificación. Se considera que este espacio es vital para posibilitar que la gente no se sienta sólo como beneficiaria, sino como gestora y responsable en el desarrollo y sostenimiento de sus sistemas.

3.1. La participación comunitaria

Es necesario superar las concepciones tradicionales de desarrollo, donde las comunidades participaban como mano de obra, para disminuir costos. La participación comunitaria se debe dar en el analizar, el hacer y el decidir. Por lo tanto, las actividades incluyen acciones de información, educación, consulta, fortalecimiento de la iniciativa, fiscalización, concertación, toma de decisiones y gestión en todas las fases del proyecto (Schwartz y Deruyttere, 1996).

El proceso de consulta y participación comunitaria es un proceso político independiente del proyecto. Cuando este es continuo, voluntario, sostenido y sólido, y abarca la toma de decisiones en todas las fases del ciclo del proyecto, se transforma en un modelo para el fortalecimiento de la sociedad civil, de manera democrática y abierta, condición previa del crecimiento económico

La participación comunitaria va más allá de simplemente informarse acerca de los planes de desarrollo. Igualmente, va más allá de solamente tomar en cuenta los conocimientos de la comunidad local y sus prioridades. Llevar a cabo una verdadera consulta comunitaria significa que la comunidad, los planificadores y el personal del organismo de crédito, celebran un diálogo donde las prioridades y las ideas de la comunidad ayudan a configurar los proyectos. El diseño definitivo de un proyecto refleja las respuestas de la comunidad recibidas durante los diálogos consultivos. Este proceso puede dar lugar a una participación donde la comunidad comparte autoridad y verdadero poder en todo el ciclo de desarrollo, desde las decisiones normativas y la identificación de proyectos, hasta la evaluación final.

La participación comunitaria también supone que los sectores sociales que antes no tenían voz en el proceso, como por ejemplo las mujeres campesinas y los grupos indígenas, participen activamente en las conversaciones relativas a la identificación, la concepción, el análisis, la implementación, el control y la evaluación de los proyectos que los pueden afectar. La comunidad ya no es simplemente la meta o el objetivo del desarrollo, sino también un sujeto activo en el proceso.

En la participación comunitaria el concepto de desarrollo es un proceso basado en el hombre y no en los objetos, y considera a las comunidades como gestoras de su propio desarrollo. La tabla siguiente ilustra las concepciones de lo que significa “desarrollo”, diferenciando cuando se parte de las cosas y cuando se parte de la gente (Valencia, 1996):

PUNTO DE PARTIDA
Y REFERENCIA

LAS COSAS

LA GENTE

Modalidad

Proyectos esquemáticos

Predefinición total de trabajo

Proceso

Palabra Clave

El Plan

Participación

Metas

Programadas

Cerradas

En desarrollo

Abiertas

Toma de Decisiones

Centradas

Descentralizadas

Supuestos Analíticos

Reduccionista

Sistemática

Holística

Métodos, Normas

Únicos

Universales

Diversos

Locales

Tecnología

Paquete Estándar

Diferentes opciones

Interacción Profesional/

Comunidad

Motivación

Control

Da espacio a la iniciativa comunitaria

Otorga poder

Las comunidades son vistas como

Beneficiarios

Actores

Relación profesional/

Comunidad, en la ejecución

Suministra

Empuja

Demanda

Jalona

Resultados

Uniformes

Diversos

Planificación y Acción

De arriba hacia abajo

De abajo hacia arriba

Las justificaciones para llevar a cabo consultas comunitarias y asegurarse que todos los miembros de la comunidad participen en todas las etapas de los proyectos de desarrollo, abundan. Son muchos los proyectos que no pudieron sobrevivir la presencia de los consultores o del financiamiento externo, debido a que el proceso de consulta era incompleto. Por ejemplo, el valor de consultar con las personas locales, en el sentido de hacerlas partícipes del diálogo en curso, fue una lección aprendida con El Programa PMACI en Brasil (Schwartz y Deruyttere, 1996):

En 1985, el BID concedió un préstamo de 146 millones de dólares para financiar la pavimentación del último tramo de una carretera que conducía a Acre, en la parte occidental de la cuenca del Amazonas, en Brasil. El acceso a este sitio inexplotado de la cuenca, fomentó la especulación de tierras, la conversión de bosques en pastizales y tierras de labranza, y la invasión de tierras indígenas supuestamente bajo la protección de la ley. La carretera, de Matto Grosso a Porto Velho, parte del proyecto Polonoreste financiado por el Banco Mundial, provocó conflictos y también la organización política de caucheros e indígenas, y la creación de alianzas entre ONG brasileñas e internacionales. Cuando el BID convino en financiar los últimos 500 Kilómetros de la carretera (de Porto Velho hasta Río Branco), estableció un programa complementario para financiar las medidas de mitigación a fin de impedir cambios indeseables en el uso de la tierra y de los recursos, y para proteger los derechos legales de los indígenas y la subsistencia de los caucheros. Después de algunos problemas iniciales, el BID celebró consultas con los grupos afectados y la administración del programa de mitigación se hizo más participativa, lo cual sirvió para resolver problemas y crear consenso entre todos los interesados, incluyendo las agencias de gobierno federal, estadual y municipal, las ONG, los caucheros e indígenas. La administración se descentralizó del gobierno federal a las instituciones y las ONG locales. Según un taller participativo celebrado en 1994, el papel del BID había sido crucial para fomentar la comunicación y la participación mediante la descentralización de la autoridad. Asimismo, se concluyó que gracias a esta experiencia se aprendió que:

  • Es esencial el diálogo abierto y continuo entre los proponentes del proyecto y las comunidades afectadas.
  • Los grupos afectados pueden y deben ayudar a planificar y dirigir las acciones destinadas a mitigar el impacto de las carreteras en las regiones no desarrolladas.
  • La consulta toma tiempo (un costo) pero puede prevenir conflictos futuros, que también son costosos.

4. La participación comunitaria y el agua

Si bien es cierto que la participación comunitaria ha venido aumentando en los procesos de agua potable y saneamiento básico, aún falta mucho por generar en las comunidades la suficiente capacidad de gestión, que garantice el funcionamiento y sostenibilidad de los sistemas, más aún cuando son ellas mismas quienes deben asumir la inmensa responsabilidad de administrarlos.

De acuerdo con Valencia (1996), generar capacidad de gestión en las comunidades implica asumir los proyectos relacionados con la problemática del agua, desde ópticas más amplias, que consideren aspectos como:

  • La integralidad de los proyectos, de tal manera que se dé igual importancia a los aspectos técnicos y a los sociales.
  • Trabajar participativamente en equipos interdisciplinarios porque, conforme está estructurado el saber en el mundo moderno, cada profesión es experta en un campo específico y por lo tanto solo el trabajo interdisciplinario permite recuperar la visión de totalidad y aproximarse a la solución de los problemas.
  • Empezar por construir y fortalecer el concepto de comunidad para que el proyecto se maneje con criterios de solidaridad.
  • Hacer de la participación comunitaria el eje central del proyecto para garantizar que la obra cumpla su fin y se use con criterios de sostenibilidad.
  • Promover estrategias de trabajo que permitan la participación de todos los usuarios del sistema en las decisiones y no solamente los líderes.
  • Trabajar con la comunidad desde su contexto sociocultural específico, lo cual implica el reconocimiento y valoración del saber.
  • Trabajar con el convencimiento de que el proyecto es de la comunidad y no de quien construye, y que será ella la responsable de su sostenimiento.

4.1. Experiencias en el ambiente rural

Pese a la urbanización creciente, gran parte del mundo en desarrollo sigue siendo rural. Las comunidades rurales tienden a ser muy pobres y sufren limitaciones para el desarrollo como resultado de la infraestructura deficiente, las oportunidades de ingreso limitadas y la falta de voz en el ámbito político. Se ha aprendido mucho sobre lo que funciona y lo que no funciona en los proyectos rurales de abastecimiento de agua y saneamiento. Por ejemplo en Bolivia, desde 1989, por medio de la Red Regional Andina se buscó mejorar el nivel del servicio en las zonas rurales pobres, a través de un programa piloto en abastecimiento de agua y saneamiento, en la comunidad de Yacupaj. El proyecto duró tres años y en él se implantó uno de sus principios básicos: la participación comunitaria, con el fin de que los usuarios seleccionaran el nivel de servicio, tecnología y ubicación del sistema que correspondiera a sus necesidades, con un conocimiento de los costos y de las responsabilidades que conllevaban esas opciones. Esta experiencia significó un cambio importante en la planificación tradicional, en donde las instituciones eran las que decidían cuál era la opción para la comunidad.

4.2. En el ambiente urbano

La década de los 90s se ha orientado hacia el análisis de la problemática urbana, ya que se estima que para el año 2025, la población urbana será de 5000 millones (50% de la población total), casi la población mundial actual. Alrededor del 40% vivirá en los países en desarrollo aunque en números absolutos esta población será más del doble de la población urbana de los países desarrollados.

Latinoamérica tiene uno de los niveles más altos de urbanización: 76%. Se estima que alrededor de un 30% de la población urbana vive en asentamientos marginales y un 80% de las localidades nucleadas tiene menos de 10000 habitantes (García et al, 1997). Sin embargo, el problema no es tanto el incremento de la población en sí mismo sino su calidad de vida, especialmente de las pequeñas poblaciones urbanas y asentamientos marginales de las ciudades.

Una de las experiencias en el tema de la participación comunitaria a este nivel, fue realizada por el Instituto de Investigación y Desarrollo en Agua potable, Saneamiento Básico y Conservación del Recurso Hídrico, CINARA, entre 1991 y 1997, en la zona rural y urbana marginal del municipio de Santiago de Cali, en Colombia, conjuntamente con las empresas de servicio de agua del municipio, con el fin fortalecer las capacidades locales para la prestación de servicios de agua y saneamiento. La estrategia utilizada fueron los PAEs, Proyectos de Aprendizaje en Equipo, espacios inspirados por el concepto de Desarrollo Humano Sostenible, donde los profesionales de diferentes disciplinas del conocimiento y de diferentes instituciones con responsabilidad en el sector, junto con las comunidades afrontaron el autodescubrimiento como una de las mejores vías para aprender. La experiencia permitió responder las numerosas preguntas sobre la prestación de los servicios, como por ejemplo: ¿Cuáles eran sus problemas de agua y saneamiento? ¿Qué tipo de metodología y tecnologías se podían utilizar? ¿Cómo podían las instituciones del sector y de otros sectores trabajar coordinadamente? ¿Cómo operativizar los espacios de participación ciudadana? ¿Qué esquema debía seguir la institución responsable de los servicios de agua y saneamiento en estas zonas?. El principal logro fue la posibilidad de transferir la metodología de trabajo hacia otras zonas. El principio de la metodología se basa en potenciar las capacidades, tanto de las comunidades como de las instituciones, al reconocer que cada actor tiene un conocimiento y que las soluciones se construyen con la participación, tanto para problemas de orden técnico, como para abordar creativamente los problemas de orden social y legal asociados con los aspectos del agua y el saneamiento básico en las comunidades (Duque et al, 1998).

5. El futuro

Actualmente a nivel mundial, las políticas administrativas promueven la descentralización de los recursos y de las decisiones y gestiones públicas, al orden local. Y esto, no solo en el ámbito administrativo, también en el ámbito de la educación, las comunidades deben ser gestoras de sus propias iniciativas. De esta manera, es preciso concienciar a la población de que el agua es un bien económico y social, y el descuido de este recurso y su contaminación implican grandes riesgos a nivel ambiental y en la salud integral. No preservar el agua, implica la inversión de grandes cantidades de dinero en su tratamiento y ese dinero finalmente sale de los propios bolsillos de las comunidades.

La información y la educación son claves para la creación de una nueva cultura en el manejo del agua. Mientras la comunidad no entienda su rol respecto al uso del agua, los proyectos que se emprendan hacia su conservación tienden a no ser sostenibles y las inversiones de capital económico y de trabajo se pueden perder.

Desde el punto de vista de su gestión, se cuenta con algunos derroteros. En principio, luego de la década del agua, en la Conferencia de Noordwijk se presentaron los lineamientos generales hacia el futuro. El mayor reto expresado en dicha conferencia era manejar la dimensión humana del problema. Una frase expresaba los resultados de la conferencia: los gobiernos no resuelven los problemas, la gente sí (Noordwijk, 1995). Esto implica un desafío político importante para movilizar a las personas y comunidades hacia la búsqueda de un nuevo futuro, en donde ellas sean el motor de su propio desarrollo. Con ello se espera que la población sea consciente de la crisis creciente de los recursos de agua, que puedan identificar, y entender sus propios problemas y soluciones.

Visscher (1996) destaca los siguientes principios para orientar las acciones futuras:

  • Manejo integrado de recursos hídricos y del sector, tomando como base la disponibilidad del agua y el principio de "quien contamina paga". Los proyectos deben integrar abastecimiento de agua, saneamiento y educación.
  • Desarrollo institucional y capacitación de actores, involucrando a la comunidad en la concepción, planeación, toma de decisiones, implementación, administración y ejecución; aprovechando estrategias de "aprender haciendo". Hay necesidad de una mayor colaboración entre grupos de la comunidad, el sector privado, las ONGs y el Estado.
  • Gestión de servicios a niveles más descentralizados, lo que permite un mejor aprovechamiento de recursos y un mejor control. Por ejemplo, miembros de la comunidad que vivan cerca de una microcuenca abastecedora, pueden intervenir más rápido en caso de problemas o deterioros, que una agencia central, siempre y cuando tenga suficiente autoridad para tomar acciones.
  • Movilización de los recursos económicos, ya que los recursos de las agencias internacionales invertidos en el sector permitieron un crecimiento en el período de 1982 hasta 1992. Pero el total de la ayuda internacional se redujo de 8.1% a 5.1%. En el mismo periodo, los gobiernos nacionales subieron su contribución de 0.3% hasta 0.45% de su PIB en el tema del agua. Sin embargo, estos niveles no parecen suficientes para lograr una cobertura adecuada, entonces se debe considerar una ampliación de la contribución nacional y sobretodo considerar una mayor contribución del usuario.
  • Reorientación de la ayuda institucional hacia facilitar la creación de espacios en lo referente a la apropiación de tecnologías en armonía con el ambiente y la cultura de la comunidad, promoviendo el uso de la tecnología y la experiencia local.

Ahora bien, el tema del agua tiende a convertirse en un problema con nuevas connotaciones, pues los esfuerzos iniciados en la Década del Agua, tienden a ser disminuidos ante la nueva situación que se pudo observar en el Segundo Foro Mundial del Agua. De acuerdo con Danielle Mitterrand, presidenta de la asociación France-Liberté; Mario Soares, presidente del Comité Internacional para el Convenio Mundial del Agua, y Riccardo Petrella, secretario general de dicho organismo; si se acepta el acuerdo de un proyecto conocido en el evento, los ministros de un centenar de Estados del mundo habrán decidido considerar el acceso al agua únicamente como un derecho humano básico y no como un derecho humano y social, individual y colectivo, básico. Sería una decisión perjudicial para el futuro.

Los numerosos trabajo presentados en este foro, mostraron la tendencia general inscrita en el espíritu de la época, orientada en la actualidad hacia el triunvirato economía, mercado y tecnología. Así, según el proyecto de Declaración Ministerial, el agua debe ser tratada fundamentalmente como un recurso natural en estado de creciente disminución (debido a fenómenos cada vez más frecuentes de polución, contaminación y derroche) y, por lo tanto, cada vez más caro.

El agua, afirman, debe ser gestionada ante todo como un bien económico. Con este fin, la Declaración Ministerial propone el concepto de IWRM (Integrated Water Resource Management, Gestión Integrada de los Recursos Acuáticos) como modelo a seguir en todo el mundo para una gestión "eficaz" del agua. La Declaración Ministerial también propone dar al agua un precio económico establecido según el coste total de recuperación (full cost recovery) en el marco de la libre competencia y del libre comercio a escala internacional. Hay que señalar que si en el pasado los países europeos hubiesen aplicado el principio de coste total de recuperación, todavía estarían indagando cómo garantizar el acceso al agua potable para todos.

Considerar el acceso al agua como un derecho humano y social conlleva la aplicación de reglas, deberes y obligaciones que muchos Estados y la mayoría de las empresas privadas multinacionales no desean que sean impuestos. Pero, ¿existe verdadera libertad y justicia sin reglas, obligaciones y solidaridad respecto al derecho a la vida para todos?

El Foro de La Haya corre el riesgo de traducirse en una derrota del movimiento de derechos humanos y en una victoria de quienes tienen una visión de la sociedad, de la democracia y de la libertad que, más allá de una fuerte carga retórica humanista, sigue guiada, en la era del capitalismo triunfante, por un planteamiento tecnoeconómico y mercantil.

Ha llegado la hora de movilizarse contra toda amputación del derecho de los seres humanos a la vida. El acceso al agua para todos es un derecho posible. Ninguna razón - tecnológica, económica, financiera o política - puede ser invocada para impedir que se materialice este derecho (Mitterrand, et. al., 2000).

6. Bibliografía

Duque R.; Restrepo. I.; Aristizabal, A. (1998), "Abastecimiento de agua y saneamiento para comunidades urbanas". Revista ACODAL, Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Número 180. Colombia.

Garcia, M; et al. (1997), "Los problemas que presenta el suministro de agua en los asentamientos pequeños". Simposio sobre tecnologías apropiadas en abastecimiento de agua a pequeños núcleos habitados. Universidad de Cataluña, España.

Giordan, A. y Souchon, C. (1995), La educación ambiental: guía práctica, Sevilla:Díada, Ed.

Lloyd, B. y Helmer, R. (1991), "Surveillance of drinking water quality in rural areas". Harlowk, UK, Longman Scientific and Technical.

Mitterrand, D.; Soares. M.; Petrella, R. Agua para todos: un derecho humano y social básico, El País, 22 de marzo de 2000, España (Fuente: Red CTS-OEI, Marzo 23 de 2000).

Noordwijk. (1995), Water and Sanitation for All: A world Priority, Ministry of Housing Spatial Planning and the Environment. The Hague. The Netherlands.

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