30 de enero de 2021

En estos tiempos de convulsión, precipitación y ruido, si fuéramos un poco optimistas podríamos pensar que todo se calmaría con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, algo tan importante que genera todas las guerras sin pensar en lo que puedan favorecer o no nuestras vidas, aunque desde 2017 no parecían tan importantes porque hemos sobrevivido con los mismos hasta el 2020 en el que se aprueban los de 2021. Siendo realistas, hay temas que, para entrar en la discusión de los presupuestos, se utilizan y se agudizan, y que se mantendrán en estado de alerta permanente para aprovechar la oportunidad que les convenga.

La inclusión educativa tuvo relevancia cuando unos padres de alumnos con discapacidad denunciaron ante la ONU el incumplimiento del Convenio de Derechos Humanos de las personas con Discapacidad en su derecho a la inclusión educativa. Estos padres estaban en su derecho, ya que España había firmado el Convenio y su Protocolo, y lo estaba incumpliendo. Pero estos padres, todos los padres y los gobiernos, central y autonómicos, deben y tienen que saber que la inclusión educativa es de obligado cumplimiento porque la Constitución incorpora los tratados internacionales de Derechos Humanos firmados por el Reino de España.

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